Sammy Eppel

DURANTE EL GOBIERNO de Lusinchi funcionaban las 'tribus' judiciales y durante esa época se dio uno de los más infames juicios en los anales de la criminalidad en Venezuela, me refiero al caso de los 'pozos de la muerte' en Maracaibo, los hechos eran muy simples. Se fusilaba al sujeto y luego se le lanzaba a las profundidades de un pozo de 60 metros. Lo complicado era lo que giraba a su alrededor: Tráfico de drogas, contrabando, asesinato y secuestros en los que de una u otra manera aparecían supuestamente implicados funcionarios públicos, policías y políticos. Con una situación tan explosiva entra en escena el juez quinto penal del estado Zulia, ante quien declaran investigadores de la talla del comisario general Rafael Rivero Muñoz, cuyas actuaciones fueron 'desaparecidas' del expediente, la presión política fue de tal magnitud y como al fin y al cabo los cadáveres que hasta el momento habían sido sacados pertenecían a 'delincuentes', el juez decide cerrar el expediente y manda echarle cemento a los pozos y de esa manera tan 'tropical' crea un cementerio de desconocidos y deja impune a los perpetrados. Ustedes dirán, cuál es el problema, al fin y al cabo se trataba de conductas típicas de otras épocas donde jueces y políticos actuaban cual 'mafias' todopoderosas que se revolcaban en el estercolero de la corrupción. Pues bien, el problema estriba en que el juez de marras es nada más y nada menos que el abogado y doctor en leyes Iván Rincón Urdaneta, actual presidente del TSJ. Y como se desprende de sus actuaciones al frente de lo que podría considerarse la consultoría jurídica de Miraflores, sigue tan complaciente como siempre con su padrinos políticos. En todo gobierno pueden ocurrir desafueros, errores y actos reñidos con la letra constitucional y éstos pueden proceder de cualquier poder del Estado, pero los ciudadanos de buena voluntad siempre pensamos que para eso está el TSJ, para impartir la verdadera justicia. Es mi opinión que no existe peor cobardía que la denegación de justicia por parte de los que juraron defenderla y la actual Corte Suprema al igual que los demás poderes, está al servicio de un solo hombre al cual deben complacer aun a riesgo de sus propias almas. ¡Qué triste papel! La decisión 1013 es un caso típico de argumento goebbeliano, donde se mezclan verdades y mentiras, legalidades e ilegalidades, jurisprudencia y política que disluye los límites y convierte una incoherencia política estructural en ley de la República. La libertad es limitada por las leyes, para eso existen las constituciones. Pero cuando se pretende coartar los derechos humanos, entonces estamos disfrazando de legalidad la tiranía. 'Saber y honradez, no dinero, es lo que requiere el ejercicio del poder público' (Simón Bolívar). Será!!!

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